Renuncias voluntarias en el Estado: el plan del Ejecutivo para reducir la planilla pública
Cuatro regímenes laborales distintos conviven hoy dentro del aparato estatal peruano, cada uno con sus propias reglas de contratación, estabilidad y remuneración. Esa mezcla, acumulada durante décadas de parches normativos, es justamente lo que el Ejecutivo quiere empezar a ordenar con una herramienta que ya se usó en el país hace más de treinta años: un programa de renuncias voluntarias con incentivo económico.
El Gobierno presentó oficialmente al Congreso su pedido de facultades legislativas, que incluye una propuesta para establecer incentivos económicos destinados a trabajadores públicos que decidan voluntariamente dejar sus puestos, como parte de una reforma de modernización y reorganización del Estado, según reportó RPP Noticias en agosto de 2026.
Hasta 10,000 renuncias, según las estimaciones oficiales
El Ejecutivo estima que la medida podría generar hasta 10,000 renuncias voluntarias, con una compensación calculada sobre la base de una remuneración y media por cada año de servicio, de acuerdo con el detalle publicado por RPP Noticias.
El propio texto del pedido de facultades es explícito sobre el límite de la medida: la delegación no comprende, en ningún caso, la facultad de disponer el despido o destitución de los trabajadores que gozan de estabilidad laboral, cuya situación jurídica permanece resguardada, según el documento presentado por el Gobierno y citado por Gestión.
Cómo se calcularía el pago
La propuesta plantea que el incentivo económico se calcule tomando como referencia la protección reconocida en el régimen laboral privado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo. En términos prácticos, esto significa una remuneración y media mensual por cada año completo de servicios, con un tope máximo de 12 remuneraciones.
Un ejemplo ayuda a dimensionar el cálculo: un servidor con una remuneración mensual de S/4,000 y cinco años completos de servicio podría recibir un incentivo equivalente a 7.5 remuneraciones, es decir, S/30,000. Si el mismo trabajador tuviera diez años de servicio, el cálculo alcanzaría 15 remuneraciones, pero al aplicarse el tope máximo, recibiría S/48,000, según el detalle publicado por El Comercio.
A quiénes alcanzaría la medida
Actualmente, el Estado peruano reúne trabajadores bajo distintos regímenes: los decretos legislativos 276 y 728, el Contrato Administrativo de Servicios (CAS, regulado por el Decreto Legislativo 1057), y el régimen del Servicio Civil establecido por la Ley 30057. El incentivo estaría dirigido específicamente a servidores CAS a plazo indeterminado, trabajadores nombrados bajo el Decreto Legislativo 276 y empleados del régimen 728 a plazo indeterminado.
El abogado laboralista Willman Meléndez explicó a RPP que, desde una perspectiva práctica, la medida tendría mayor sentido para trabajadores con contrato indeterminado o nombrados, ya que en los contratos temporales el Estado podría simplemente dejar vencer el plazo sin necesidad de ofrecer un incentivo adicional.
El precedente de los años 90
La fórmula no es nueva en la historia reciente del país. Durante la década de 1990, el Perú vivió procesos de extinción masiva de relaciones laborales en el sector público que en algunos casos terminaron siendo cuestionados judicialmente, porque los trabajadores no habrían tenido tiempo suficiente para evaluar la propuesta o recibir asesoría antes de aceptar el cese laboral, recordó Meléndez.
Ese antecedente explica en parte la cautela con la que especialistas laborales están siguiendo el diseño final de la medida, particularmente en lo referido a los plazos y garantías que se ofrecerán a los servidores que evalúen acogerse al programa una vez que el Congreso apruebe las facultades legislativas solicitadas.
El objetivo declarado: sincerar las plazas del Estado
Según la exposición de motivos del proyecto, el objetivo de fondo no es solo reducir personal, sino ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales del Estado, reorganizar los recursos humanos y sincerar las plazas que realmente se requieren en las entidades públicas. La propuesta forma parte de un conjunto más amplio de medidas orientadas a fortalecer el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que incluye también la promoción de la meritocracia en el acceso, los ascensos y las capacitaciones dentro del Estado.
| Dato | Cifra |
|---|---|
| Renuncias voluntarias estimadas | Hasta 10,000 |
| Fórmula del incentivo | 1.5 remuneraciones por año de servicio |
| Tope máximo | 12 remuneraciones |
| Ejemplo (S/4,000 mensuales, 10 años) | S/48,000 (con tope aplicado) |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas renuncias voluntarias estima el Gobierno con esta medida?
Hasta 10,000, según las estimaciones oficiales presentadas junto al pedido de facultades legislativas.
¿Cómo se calcula el incentivo económico?
Una remuneración y media por cada año completo de servicio, con un tope máximo de 12 remuneraciones.
¿La medida incluye despidos obligatorios?
No. El propio texto precisa que no se incluye la facultad de disponer el despido o destitución de trabajadores con estabilidad laboral.
¿A qué regímenes laborales estaría dirigido el incentivo?
Principalmente a servidores CAS a plazo indeterminado, trabajadores nombrados bajo el Decreto Legislativo 276 y empleados del régimen 728 a plazo indeterminado.
Sobre esta nota: Este artículo se elaboró con base en el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República, y en declaraciones del abogado laboralista Willman Meléndez, recogidas por RPP Noticias, Gestión y El Comercio. Todas las cifras corresponden a información oficial disponible al cierre de esta publicación.
